Por Patricio Lerma
Informativo Victoria (Ciudad Victoria, Tamaulipas).- La alcaldesa de San Fernando, Verónica Aguirre de los Santos, informó sobre una serie de irregularidades y deudas que fueron descubiertas tras su toma de posesión, particularmente en el área de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa). Según Aguirre, al asumir la administración no se les informó de una deuda que ascendía a 1.4 millones de pesos, la cual había sido escondida. Dicha deuda, vinculada al suministro de electricidad, podría haber dejado al municipio sin agua potable debido a posibles cortes de luz.
«Encontramos que la Comisión General de Justicia ya había emitido un requerimiento de pago y amenazaba con iniciar los cortes de energía. Esto es muy grave porque si nos cortan la luz, el municipio se queda sin agua», advirtió la alcaldesa. Ante esta situación, su equipo ya ha iniciado gestiones para alcanzar un acuerdo con la Comisión para evitar que el servicio sea interrumpido.
Además, Aguirre señaló otras deficiencias en el funcionamiento municipal, como el hallazgo de recibos de electricidad sin pagar correspondientes a varios espacios públicos. Afirmó que su administración está revisando los estados financieros y espera poder esclarecer el total de las deudas y compromisos pendientes.
«Recibimos el municipio en condiciones deplorables»
La alcaldesa también denunció que el edificio de la presidencia municipal presenta daños graves, como techos que se están cayendo y filtraciones de agua. Además, el mobiliario se encuentra en condiciones deplorables, y, según sus palabras, «no dejaron ni escobas para iniciar con la limpieza de los espacios públicos».
«Estamos revisando cada área y encontrándonos con más sorpresas y adeudos. Las oficinas están deterioradas, y lamentablemente, no nos dejaron nada para trabajar», indicó Aguirre.
Investigaciones en curso y posibles denuncias
La alcaldesa dejó en claro que no habrá «borrón y cuenta nueva», y que se están preparando las denuncias correspondientes. También explicó que, aunque su equipo participó en el proceso de entrega-recepción, éste se limitó a solicitar información y no tuvo acceso total a los documentos, lo que impidió una revisión exhaustiva en ese momento.
«Firmamos la entrega bajo reserva de ley, lo que significa que tenemos 90 días para hacer una revisión completa. Cualquier irregularidad será informada a la ciudadanía y, de ser necesario, llevada ante las autoridades competentes», declaró.
Finalmente, Aguirre mencionó que, debido a la situación financiera del municipio, es probable que deban solicitar apoyo del gobierno estatal para cubrir pagos importantes como la nómina y aguinaldos de diciembre.
