Solicitan amparo de la justicia Federal contra Comapa y el Ayuntamiento de Victoria

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  • Reclaman derecho al agua.

Infomativo Victoria (Ciudad Victoria, Tamps. 29 de Mayo 2019).-  Más de 200 jefes de familia de las colonias Cañón de la Peregrina y Vamos Tamaulipas, interpusieron una demanda de juicio de  amparo ante el juzgado de Distrito correspondiente al Décimo Noveno Distrito Judicial,  contra la Comisión Municipal de Agua Potable  y Alcantarillado  y el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, como autoridades responsables en  los términos del artículo 35 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, por la que se reclama la violación al derecho humano de acceso al agua potable, toda vez que dichas autoridades han sido omisas en vigilar y adoptar las medidas administrativas, correctivas y demás para ser plenamente efectivo el derecho al agua.

Don Rogelio Iracheta Herrera y Selene González Camacho,  representantes de los habitantes que reclaman el derecho al agua,  aseguran que son miles los habitantes que no tienen el vital líquido en aquel populoso sector de la ciudad, sin embargo solo 200 jefes de familia se decidieron a solicitar amparo y protección de  la justicia federal, pues entienden que el agua es un derecho humano que ha sido violado sistemáticamente por la autoridad municipal.

Iracheta Herrera afirmó que la autoridad municipal no solo no les provee agua sino que la Comapa-Victoria emite los recibos de cobro,  que oscilan entre los  200 a 300 pesos mensuales por el simple hecho de tener acceso a la red de agua  pero sin recibir una gota.

Por su parte, Gonzáles Camacho explicó; “no tenemos agua y la Comapa nos cobra mes con mes,  no hay dinero para pagar un servicio que nunca nos dan, luego pues nos acumulan la deuda, nos obligan a realizar convenios y si nos  retrasamos con los pagos por un día, la Comapa de manera unilateral da por concluido el convenio y realizan otro, pero sin el descuento de lo que se había pagado”.

Por último Iracheta Herrera refirió que se encuentran en espera de la suspensión provisional que les otorgará la autoridad jurisdiccional federal para la protección de sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Servicios de Salud.